La asociación profesional de la Guardia Civil Jucil ha denunciado que el escáner de inspección de mercancías del Puerto de Algeciras lleva ya seis meses fuera de servicio sin que ninguna administración haya asumido la responsabilidad de su reparación, una situación que la asociación califica de «agujero de seguridad» en uno de los enclaves estratégicos para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. La denuncia se enmarca en la línea de reivindicaciones que Jucil viene planteando sobre la falta de medios materiales para combatir el narcotráfico en Andalucía.

Para la asociación resulta incomprensible que, transcurrido medio año desde la avería, las distintas administraciones implicadas continúen sin resolver quién debe hacerse cargo de los costes de reparación, mientras un elemento considerado fundamental para la seguridad permanece inutilizado. Jucil considera «inadmisible» que el principal punto de entrada de mercancías del país, y uno de los principales de entrada de droga en Europa según la propia asociación, permanezca sin un sistema clave para detectar drogas, armas y otros cargamentos ilícitos.

El escáner quedó totalmente inutilizado el pasado 4 de febrero. Según relata Jucil, la carpa destinada a protegerlo se desplomó sobre el equipo a causa del fuerte temporal que se registró aquella jornada en el Campo de Gibraltar. Han transcurrido desde entonces más de cinco meses, pero la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA), propietaria del aparato, no ha encontrado la fórmula para repararlo, según la asociación. Tampoco ha logrado desbloquear la adquisición de un equipamiento más moderno y avanzado para mejorar el control de las mercancías que a diario transitan por sus muelles.

El escáner averiado entró en funcionamiento en 2006 en el marco de un acuerdo entre España y Estados Unidos para el control de mercancías. Ese acuerdo se articula a través de la Iniciativa de Seguridad del Contenedor (Container Security Initiative, CSI), un programa iniciado en 2002 tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra las Torres Gemelas de Nueva York, con el objetivo de evitar que grupos terroristas utilicen contenedores marítimos para el transporte de armas. En España, además del recinto algecireño, se incorporaron al proyecto los puertos de Valencia y Barcelona, que cuentan con dispositivos similares. Los aparatos fueron adquiridos por Puertos del Estado a la compañía Smiths, con financiación española y estadounidense.