El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha aprobado el Pliego de Prescripciones Técnicas para contratar un estudio de demanda y análisis de viabilidad económico-financiera de una eventual línea marítima regular de pasaje y carga rodada entre los puertos de Ceuta y Málaga. La Consejería de Urbanismo y Transporte prevé un presupuesto base de licitación y un valor estimado del contrato de 57.460 euros, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de seis meses.
La ruta que ahora se estudia recuperar estuvo operativa hasta el bienio 2011-2012, cuando quedó suspendida por la baja demanda que arrastraba en aquel momento y por los cambios de estrategia comercial de las navieras que la explotaban. Desde entonces, la conexión regular con Málaga no se ha restablecido y el tráfico marítimo de Ceuta con la península ha continuado concentrándose en las líneas con Algeciras.
El Ejecutivo ceutí considera que las circunstancias actuales de movilidad, actividad económica, conectividad territorial y demanda potencial justifican reabrir el análisis. El objetivo del pliego es disponer de una base técnica, económica, operativa y jurídica que permita valorar si se dan las condiciones para implantar una línea marítima regular entre ambos puertos y bajo qué modelo de gestión.
El encargo incluye varios bloques de trabajo. En el plano operativo, se examinarán los tiempos de rotación, los horarios, las posibilidades de atraque en ambos puertos y las características técnicas mínimas que deberían tener los buques. La consultora que resulte adjudicataria deberá también realizar una estimación de la demanda potencial de pasajeros y mercancías a cuatro años, tomando en consideración variables económicas, demográficas, turísticas y logísticas.
En el análisis económico-financiero, el estudio cuantificará los ingresos esperados y los costes operativos —combustible, tripulación, tasas portuarias y obligaciones medioambientales— y elaborará un análisis de sensibilidad de la rentabilidad frente a variaciones del mercado. A ello se sumará una evaluación del impacto socioeconómico sobre el tejido empresarial, el empleo y el turismo de Ceuta, así como sobre la conectividad de la ciudad con el resto de Andalucía.
Un apartado específico del pliego se centra en el encaje jurídico. El informe estudiará la posibilidad de declarar la ruta Ceuta-Málaga como Obligación de Servicio Público (OSP), figura recogida en la normativa nacional y europea de transporte marítimo. La OSP permite garantizar frecuencias mínimas, tarifas asequibles y determinadas condiciones de servicio en aquellos tráficos donde el mercado libre no asegura por sí solo la viabilidad, y puede incorporar compensaciones económicas públicas al operador que asuma esas obligaciones.
Málaga concentra uno de los mayores núcleos logísticos y económicos de Andalucía, con un puerto que combina tráfico de contenedores, cruceros y carga general y con un aeropuerto internacional de referencia. Para el Gobierno ceutí, una eventual línea regular con este puerto ofrecería a la ciudad autónoma una alternativa a la ruta consolidada con Algeciras y una vía adicional para el transporte de mercancías rodadas y para el desplazamiento de pasajeros hacia el corredor mediterráneo andaluz.
La documentación técnica que se contrata incluirá el análisis de la situación actual de los servicios marítimos entre Ceuta y la península, el estudio operativo de la línea, la estimación de demanda de pasajeros y carga rodada, la estructura de ingresos y costes, el análisis de sensibilidad de la rentabilidad, el cálculo del impacto socioeconómico, el examen del encaje jurídico y la elaboración del informe final. El resultado deberá permitir al Gobierno local decidir si procede convocar el servicio y bajo qué fórmula.
Una vez concluidos los seis meses de plazo previstos, la Ciudad Autónoma dispondrá de las conclusiones del informe para definir los siguientes pasos. En función de sus resultados, el Ejecutivo ceutí podrá optar por dejar la conexión en manos del mercado, articular una licitación pública ordinaria o tramitar la declaración de OSP ante la Administración General del Estado, un procedimiento que en el ámbito marítimo requiere además notificación al órgano competente de la Unión Europea.
