La Corte Suprema de Justicia de Panamá se encuentra en la fase final de deliberaciones de un caso que definirá si CK Hutchison puede continuar operando dos terminales portuarias ubicadas en los extremos del Canal de Panamá. El fallo, cuya publicación se espera en el corto plazo, es observado de cerca tanto por Estados Unidos como por China, debido a sus implicancias geopolíticas y comerciales, reportó el WSJ.

La causa surge a partir de demandas presentadas por abogados privados y por la Contraloría de Panamá, que acusan a Hutchison de vulnerar la Constitución al afectar los intereses del Estado y de los contribuyentes. Una auditoría gubernamental estimó pérdidas de hasta US$1.300 millones en ingresos públicos desde que la compañía asumió la concesión a fines de la década de 1990, tras adjudicarse una licencia por 25 años que fue renovada en 2021 por un período equivalente.

El Gobierno de Panamá ha señalado que acatará la decisión judicial. Autoridades indicaron que, en caso de una eventual terminación de la licencia, se priorizará la continuidad operativa de los puertos mediante la designación transitoria de un operador, mientras se prepara un nuevo proceso de licitación con posibles ajustes en los términos de concesión, incluida la opción de separar la gestión de ambos terminales.

Reacciones a la espera 

El Presidente de Panamá, José Raúl Mulino, afirmó que aguardará el fallo y lo cumplirá, aunque ha manifestado previamente que la continuidad del contrato vigente no resulta viable en su forma actual. Desde el Ejecutivo también se ha indicado que se han evaluado distintos escenarios para evitar interrupciones en el sistema portuario, dada la relevancia de Panamá como centro de transbordo para el comercio marítimo internacional.

CK Hutchison, por su parte, considera que las acciones legales tienen motivaciones políticas y ha señalado que aguardará la resolución judicial. En caso de un fallo adverso, la compañía evalúa recurrir a instancias de arbitraje internacional para proteger su inversión. La compañía  no tiene posibilidad de apelar una decisión de la Corte Suprema, aunque puede solicitar aclaraciones que podrían retrasar su ejecución.

Presión de EE. UU. 

El caso se desarrolla en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre la presencia china en infraestructuras estratégicas de la región. En paralelo, Hutchison acordó la venta de más de 40 puertos a nivel global a un consorcio liderado por BlackRock y MSC. por cerca de US$23.000 millones. Los terminales de Balboa y Cristóbal eran considerados activos centrales de esa operación, que enfrenta objeciones del Gobierno chino, el cual planteó la participación mayoritaria de la línea naviera estatal Cosco, una opción incompatible con el marco regulatorio panameño.

El Canal de Panamá concentra al menos el 5% del comercio mundial y sustenta una plataforma logística que maneja más de nueve millones de contenedores al año, frente a unos 100.000 hace poco más de dos décadas. La expansión del canal y el desarrollo portuario asociado han consolidado al país como un nodo clave para el tránsito de contenedores, graneles y energía entre Asia, América y Europa, lo que amplifica la relevancia del fallo en curso para la industria marítima y el comercio exterior.