La Cámara Marítima y Portuaria de Chile (Camport) presentó recientemente el informe “99 Propuestas para la Competitividad Marítimo-Portuaria”, un documento técnico que busca fortalecer el desempeño del sistema logístico nacional en un escenario internacional crecientemente incierto. El presidente del gremio, Daniel Fernández, subrayó que se trata de un trabajo colectivo desarrollado durante cerca de un año y consensuado al interior del directorio. “99 propuestas parecen muchas, pero revelan la amplitud del trabajo y el nivel de detalle de lo que estamos proponiendo”, señaló en la ocasión.

Dentro del conjunto de medidas, Camport dedica especial atención al ajuste del sistema de concesiones portuarias, considerado clave para sostener la competitividad del país. A casi tres décadas de la entrada en vigencia de la Ley N°19.542, el gremio advierte que, si bien el modelo ha sido exitoso en atraer inversión privada y mejorar la eficiencia, el contexto actual exige una modernización. Cambios tecnológicos, mayores exigencias ambientales y nuevas dinámicas logísticas tensionan un marco contractual diseñado hace más de 25 años.

Rigidez y asimetría regulatoria 

Uno de los principales diagnósticos apunta a la rigidez normativa de los contratos de concesión, muchos de ellos firmados por 30 años y con escasos mecanismos de ajuste. Según el informe, esta rigidez “ha dificultado la incorporación de innovaciones tecnológicas, adaptaciones ante nuevas normativas ambientales y ajustes frente a cambios en la demanda”, obligando a recurrir a complejos procesos de renegociación o arbitraje.

Camport también identifica asimetrías regulatorias entre terminales, derivadas de la falta de estandarización de criterios entre las empresas portuarias estatales. Un ejemplo es la Tasa de Uso Portuaria (TUP), cuya fijación heterogénea y, en algunos casos, arbitraria puede generar ineficiencias, desincentivar inversiones y provocar conflictos en la interpretación de los contratos.

En este contexto, el gremio propone actualizar el marco normativo mediante una revisión de la Ley N°19.542 que incorpore principios como sostenibilidad, integración territorial, digitalización y resiliencia logística, manteniendo la separación entre propiedad estatal y operación privada, pero fortaleciendo la gestión estratégica del Estado. A ello se suma la necesidad de contar con una Política Nacional Portuaria vinculante, que entregue una hoja de ruta de largo plazo para el desarrollo del sistema.

Hacia una mayor flexibilidad contractual

En materia contractual, Camport plantea introducir mayor flexibilidad en las bases de licitación y en los contratos de concesión, incorporando cláusulas de reajustabilidad de precios basadas en un polinomio que refleje mejor la realidad nacional. Actualmente, los reajustes se realizan según el índice PPI de Estados Unidos, “el cual no refleja adecuadamente el contexto nacional; por ejemplo, cambios en la normativa laboral”.

Otra propuesta relevante es ampliar la duración de las concesiones, estableciendo 30 años como base con la posibilidad de extenderlas por 10 años adicionales, sujetas a compromisos de inversión que reflejen la evolución de la demanda. Las bases y contratos, señala el informe, deben incluir cláusulas que permitan revisar y ajustar las inversiones, considerando criterios de valor residual, especialmente en los últimos años de la concesión, para incentivar la incorporación de nuevas tecnologías.

Camport también propone incluir compromisos explícitos de inversión pública en accesos viales y ferroviarios dentro de los contratos de concesión, de modo que, si estas obras no se materializan, se activen compensaciones económicas a los concesionarios. Asimismo, plantea establecer indicadores KPI públicos para las empresas portuarias estatales, alineando sus objetivos estratégicos con los de los operadores privados.

Finalmente, el gremio sugiere condicionar la licitación de frentes de atraque a la existencia de autorizaciones ambientales aprobadas, con el objetivo de evitar retrasos significativos en proyectos estratégicos, como ocurrió con el Terminal 2 de Valparaíso. En conjunto, las propuestas apuntan a una “segunda ola” de concesiones basada en eficiencia, colaboración y previsibilidad, considerada por Camport como un requisito indispensable para sostener la competitividad marítimo-portuaria de Chile en el largo plazo.