Desde hace años, actores del sector marítimo vienen cuestionando el encarecimiento y la falta de claridad en algunos cobros portuarios que deben enfrentar las navieras en Chile. En el centro de la controversia está la Tarifa de Uso de Puerto (TUP), aplicada por las empresas portuarias estatales a las naves que recalan en los terminales públicos, informa El Mercurio.

Con el objetivo de que se evalúe su legalidad y el mecanismo de fijación, la Asociación Nacional de Agentes de Naves de Chile (ASONAVE) presentó la semana pasada una solicitud ante la Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Pérez. El gremio sostiene que, desde su implementación en el año 2000, la TUP carece de una metodología reglada y transparente, pese a haber generado una recaudación acumulada cercana a US$750 millones a diciembre de 2023, cifra que este año “rondaría los US$900 millones”, según estimó su presidente, Gonzalo Fernández.

En el oficio enviado a la contralora, ASONAVE afirma que, pese al flujo de recursos, “no se observan a la fecha obras de abrigo nuevas o ampliaciones significativas en los puertos estatales”, cuestionando el uso efectivo de fondos que, en teoría, debían destinarse a infraestructura común. El gremio denuncia un “vacío regulatorio y arbitrariedad en la determinación de la Tarifa de Uso de Puerto” y solicita una auditoría de la metodología aplicada y un pronunciamiento formal del órgano contralor.

Uno de los aspectos más sensibles es el peso que la TUP ha adquirido en los ingresos de algunas empresas portuarias estatales. Según ASONAVE, en ciertos terminales la tarifa ha representado una proporción significativa, “llegando históricamente al 52% en el puerto de San Antonio y a cifras cercanas al 30% en otros terminales”. A diferencia de otros cargos portuarios regulados por decreto, sostienen que la TUP “no cuenta con un marco normativo que establezca variables técnicas, criterios de costos ni obligaciones explícitas de reinversión”, lo que habría permitido que cada empresa la fije de manera autónoma, generando asimetrías y distorsiones competitivas.

El gremio también acusa un “manejo opaco de estos recursos”. Según relata, desde 2016 ha intentado, al amparo de la Ley de Transparencia, obtener el desglose de lo recaudado y su destino en las diez empresas portuarias y el Sistema de Empresas Públicas (SEP), “sin lograr que se transparentara la información”.

Fernández enfatizó que “no ha habido inversión para lo que fue el propósito de la TUP. No hay metodología de cálculo, un puerto cobra una cosa y otro algo distinto”. Actualmente, cinco empresas portuarias estatales aplican la tarifa —San Antonio, Valparaíso, Antofagasta, Arica e Iquique— con valores que fluctúan entre US$0,34 y US$0,536 por tonelada de registro. A juicio del sector, estos cobros “hacen que los fletes sean más caros y los puertos menos competitivos”, riesgo que podría agravarse si avanzan los proyectos de royalty portuario en discusión en el Congreso.

Desde el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) defendieron la aplicación de la TUP, señalando que las empresas portuarias estatales están legalmente facultadas para fijar tarifas por el uso de los bienes que explotan, conforme a la Ley N° 19.542. indican además que las tarifas se basan en estudios técnicos heredados de EMPORCHI, reajustados en el tiempo, y precisó que la TUP no se aplica de forma uniforme ni se cobra en puertos como Talcahuano-San Vicente y Puerto Montt.