El segundo mandato de Donald Trump comenzó con una serie de medidas orientadas a redefinir la política energética y ambiental de Estados Unidos. Entre sus primeras acciones, el mandatario volvió a activar el proceso para retirar al país del Acuerdo de París y firmó una orden ejecutiva destinada a favorecer la producción energética doméstica, lo que incluye un debilitamiento del mandato federal para vehículos eléctricos (EV).

En los meses posteriores, apunta el Gibson Tanker Market Report, el gobierno reabrió territorios federales y zonas offshore previamente restringidos para actividades de perforación, además de reactivar proyectos de exportación de gas natural licuado (GNL). El Departamento del Interior autorizó nuevas exploraciones en áreas del Ártico de Alaska, mientras que la Oficina de Administración de Tierras simplificó los procesos de evaluación ambiental para proyectos de petróleo y gas en los estados occidentales.

Sin embargo, varios de estos cambios enfrentan impugnaciones legales por parte de organizaciones ambientalistas. Aunque la producción de crudo estadounidense alcanzó niveles récord este año, las proyecciones indican que el crecimiento se moderará, con un nivel de producción prácticamente estable en 2026. La caída en los precios del petróleo y el temor a un escenario de sobreoferta han llevado a los actores a reducir inversiones, reflejado en un descenso del número de perforadoras activas a su punto más bajo en casi cuatro años.

Ajustes en normativas de  vehículos

La administración Trump también impulsó modificaciones en las normas de emisiones del sector automotor. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) avanza en revertir las reglas aprobadas en 2024 que exigían una mayor participación de vehículos eléctricos o de bajas emisiones a partir del año modelo 2027. Paralelamente, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) trabaja en la flexibilización de los estándares de eficiencia de combustible.

La aprobación de la llamada “One Big Beautiful Bill” determinó la reducción o eliminación de incentivos para energías limpias incluidos en la Ley de Reducción de la Inflación. Entre los cambios, los créditos fiscales para vehículos nuevos y usados dejaron de aplicarse desde el 30 de septiembre. Aunque estas decisiones están siendo objeto de múltiples demandas, la industria ya muestra respuestas: algunos fabricantes han ralentizado sus planes de electrificación. General Motors, por ejemplo, anunció un ajuste en su estrategia para priorizar modelos híbridos y vehículos a gasolina.

Analistas prevén que estos cambios ralentizarán la disminución de la demanda de petróleo. Un estudio de Ernst & Young anticipa que los vehículos eléctricos alcanzarán el 50% de las ventas de autos nuevos en 2038, cinco años más tarde de lo previsto. Con ello, la reducción en las operaciones de refinación en Estados Unidos sería menor, lo que impactaría en el comercio marítimo: se espera menor disponibilidad de crudo para exportación y un posible incremento de las importaciones, principalmente desde el Atlántico.