La Organización Marítima Internacional (OMI) decidió aplazar por un año la aprobación de su esperado Net-Zero Framework, el conjunto de normas que establecería límites obligatorios de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y un sistema global de precios del carbono para el transporte marítimo.

La medida, adoptada en la reunión de octubre, retrasa la puesta en marcha de un marco que habría regulado a los buques de más de 5.000 dwt, responsables de cerca del 85% de las emisiones del sector. El sistema contemplaba estándares de intensidad de combustible y un mecanismo de cumplimiento basado en el mercado. Las naves que excedieran los límites pagarían una tarifa de carbono o comprarían Remedial Units (RUs), mientras que aquellas con mejor desempeño podrían vender Surplus Units (SUs). Los borradores previos fijaban las tarifas entre US$100 y US$380 por tonelada de CO₂ equivalente.

Reuters indicó que los ingresos provenientes de estas contribuciones habrían alimentado un Fondo Net-Zero de la OMI, estimado en entre US$11.000 y US$12.000 millones anuales entre 2028 y 2030, destinado a financiar infraestructura para combustibles alternativos, mejoras de eficiencia energética y asistencia técnica a países en desarrollo y pequeños Estados insulares.

El aplazamiento implica repercusiones en los planes de inversión, cumplimiento y gobernanza ambiental de las empresas marítimas. Iniciativas vinculadas a combustibles como amoníaco, metanol o hidrógeno dependen de un marco regulatorio estable para atraer capital, por lo que la falta de claridad podría ralentizar proyectos de infraestructura y financiamiento.

Para las compañías que ya se habían preparado mediante estrategias de cambio de combustible o ajustes contractuales, la demora introduce incertidumbre operativa. Los compromisos voluntarios de alcanzar emisiones netas cero seguirán siendo evaluados por inversionistas, y el riesgo reputacional por greenwashing persiste ante el endurecimiento de las normas de divulgación ambiental.

La ausencia de una regulación global también podría acelerar la fragmentación regional. La Unión Europea y el Reino Unido avanzan con sus propios esquemas de tarificación de carbono marítimo, lo que podría generar una estructura de costos desigual y mayores desafíos de cumplimiento para operadores globales.

Especialistas del sector consideran que el periodo previo a la próxima sesión de la OMI, prevista para octubre de 2026, debe aprovecharse para fortalecer las bases de cumplimiento y ajustar estrategias de transición. Las navieras están llamadas a revisar sus modelos de intensidad de combustible, actualizar contratos con cláusulas de desempeño ambiental, mejorar los sistemas de monitoreo de emisiones y preparar escenarios ante posibles precios del carbono más altos.

Aunque la decisión de la OMI retrasa la claridad normativa, no cambia la dirección de la industria. La descarbonización del transporte marítimo se mantiene como una exigencia de mercado y de gobernanza corporativa. Las navieras que continúen invirtiendo en buques más eficientes, combustibles alternativos y mecanismos de verificación podrán posicionarse mejor frente a los futuros estándares internacionales y las demandas de sus clientes y financiadores.