La Organización Marítima Internacional (OMI) se reunirá entre el 14 y el 17 de octubre para decidir si adopta un mecanismo de precios sobre las emisiones de carbono del transporte marítimo. La medida, impulsada por una coalición encabezada por la Unión Europea, Reino Unido, China y Japón, busca reducir de manera progresiva la huella de carbono de la industria que moviliza cerca del 90% del comercio mundial.

Washington, sin embargo, ha dejado claro su rechazo frontal. “Estados Unidos se moverá para imponer sanciones contra las naciones que patrocinen esta exportación neocolonial europea de regulaciones climáticas globales”, advirtieron el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Energía Chris Wright y el secretario de Transporte Sean Duffy en una declaración conjunta el 11 de octubre.

La iniciativa—acordada de forma preliminar en abril tras el retiro de EE. UU. de las negociaciones— contempla cobrar a los buques de más de 5.000 toneladas que excedan determinados umbrales de emisiones, mientras que los que consuman combustibles más limpios recibirán créditos compensatorios. Las multas se canalizarán a través de un Fondo de Cero Emisiones Netas, administrado por la Secretaría de la OMI, aunque todavía no se ha definido cómo se distribuirán los ingresos.

Según estimaciones del University College London, el esquema podría recaudar entre 11.000 y 12.000 millones de dólares anuales en los primeros años de aplicación (2028-2030), ya que la mayoría de los buques optaría inicialmente por pagar la penalidad en lugar de adaptar sus operaciones.

Europa vs. Estados Unidos

El gobierno estadounidense considera que el plan equivale a un “impuesto global al carbono” que podría aumentar los costos del transporte marítimo en un 10%. En respuesta, ha amenazado con imponer aranceles portuarios, restricciones de visado y sanciones a funcionarios de los países que apoyen la medida.

Desde Bruselas, en cambio, la postura es diametralmente opuesta. “La Unión Europea considera el marco de cero emisiones netas como un hito significativo y pide su adopción”, afirmó la Comisión Europea en un comunicado del 12 de octubre.

Para la UE y sus aliados, el sistema propuesto constituye un paso decisivo hacia el cumplimiento de los objetivos climáticos del Acuerdo de París y una señal política a una industria que en 2024 fue responsable del 1,4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI), según Clarkson Research Services.

El marco técnico de la OMI prevé una reducción gradual de los GEI emitidos por los buques en relación con la energía que utilizan, con la meta de alcanzar la neutralidad de carbono hacia mediados de siglo. Si se aprueba, sería la primera vez que se establece un precio global para las emisiones marítimas, y ofrecería un incentivo económico para la transición hacia combustibles como el amoníaco verde, el metanol o el hidrógeno.

De ser aprobada, la medida comenzaría a regir formalmente en 2027, pero los pagos obligatorios se implementarían a partir de 2029, para dar tiempo a las líneas navieras a ajustar sus flotas.

El debate se da además en un contexto de creciente fricción comercial entre Washington y Bruselas. Ambas partes negocian actualmente los próximos pasos del acuerdo que impuso un arancel del 15% a la mayoría de los bienes europeos exportados a Estados Unidos.

Mientras tanto, el enfrentamiento por el control normativo del transporte marítimo refleja una disputa más amplia por el liderazgo climático global. La OMI, basada en Londres, deberá decidir esta semana si logra imponer una regulación histórica o si sucumbe a la presión de Estados Unidos.