El transporte marítimo es un facilitador del comercio mundial y un motor del desarrollo económico y, sin embargo, representa alrededor de mil millones de toneladas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al año, lo que equivale al 2,89% del total de las emisiones antropogénicas mundiales en 2018 , según reporta la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo CNUCYD.

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha desarrollado más de 50 instrumentos internacionales, como el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques (MARPOL), que este año celebra su quincuagésimo aniversario con el lema del Día Marítimo Mundial "MARPOL a los 50 - Nuestro compromiso continúa".

La OMI ha considerado acciones para abordar las emisiones de GEI de los buques desde 1997 con la el Anexo VI de MARPOL, y en 2018 adoptó su primera estrategia climática. La octogésima sesión del Comité de Protección del Medio Marino (MEPC 80) aplicará en julio de 2023 una Estrategia GEI de la OMI revisada en todos sus elementos, incluso con un nivel de ambición reforzado.

Diferentes impactos en los Estados 

La Estrategia inicial de la OMI sobre la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los buques señala la necesidad de evaluar y tener en cuenta los posibles impactos de las medidas en los Estados, incluidos los países en desarrollo, en particular, en los países menos adelantados (PMA) y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), antes de la adopción de la medida. La Estrategia también contiene el requisito de evaluar y abordar los impactos desproporcionadamente negativos sobre los Estados.

Recopilación de datos 

En 2020, el MEPC 75 aprobó una medida de reducción de GEI a corto plazo que combina requisitos técnicos y operativos con vistas a reducir la intensidad de carbono del transporte marítimo operativo en al menos un 40% en 2030, en comparación con los niveles de 2008. 

Antes de su adopción, la Organización llevó a cabo una evaluación exhaustiva de sus repercusiones en los Estados. Esta, sugirió posibles consideraciones para el futuro, en particular (1) revisar y determinar la disponibilidad, fiabilidad y nivel de granularidad de los datos e identificar las principales lagunas relativas a la información sobre costos de transporte correspondientes a los países en desarrollo, en particular los PEID y los PMA; y (2) identificar las necesidades de creación de capacidad para mejorar las evaluaciones de impacto, incluido los países en desarrollo, y, en particular, los PEID y los PMA, para recopilar los datos pertinentes.

Sobre esta base, la Secretaría de la OMI inició en 2022, con financiación proporcionada por el Fondo Fiduciario del CT sobre GEI de la OMI, un proyecto destinado a mejorar la disponibilidad de datos sobre costos del transporte marítimo para la región del Pacífico. Esto, ha implicado una serie de misiones sobre el terreno en los países participantes para mejorar el acceso a los datos. En el proyecto participan partes interesadas de las oficinas nacionales de estadística, autoridades portuarias, aduanas y administraciones marítimas.

Pasos futuros 

En 2022, la OMI adoptó un procedimiento revisado para evaluar los impactos en los Estados de las medidas candidatas de reducción de GEI, basado en las lecciones aprendidas de la evaluación exhaustiva del impacto de la medida a corto plazo.

Este procedimiento revisado confirma la necesidad de que las futuras evaluaciones de impacto incluyan tanto una evaluación de los impactos en los Estados basada en una modelización global, con la CNUCYD como organización líder en esta tarea, como un análisis cualitativo/cuantitativo complementario de las partes interesadas, incluidos los estudios de casos ilustrativos pertinentes.

Los datos recogidos a través del proyecto se utilizarán para evaluar el posible impacto en los Estados del Pacífico de futuras medidas de la OMI, apoyando así el proceso de toma de decisiones de la Organización basado en pruebas. Entre las medidas candidatas que se están estudiando en la OMI figuran normas sobre combustibles bajos en carbono, nuevos requisitos técnicos para los buques e instrumentos económicos (fijación de precios del carbono), como gravámenes o sistemas de recompensa. De este modo, una base empírica reforzada allanará el camino a medidas eficaces para reducir las emisiones de GEI de los buques, procurando que los Estados en condiciones específicas no se queden atrás.