La resolución adoptada alienta a los Gobiernos a que examinen las disposiciones en el marco de su legislación nacional relativas a la prevención y represión de todas las formas de fraude marítimo y a que realicen las adiciones o mejoras, en relación, entre otras cosas, con el ejercicio de la debida diligencia, que sean necesarias para prevenir y reprimir tales actos y prácticas, y la salvaguardia de los intereses de todas las partes interesadas. 

Además, insta a los Gobiernos a que tomen todas las medidas posibles de cooperación entre sí y con las organizaciones intergubernamentales pertinentes y otras partes interesadas del sector marítimo