La resolución insta a los Gobiernos a que cooperen con los Estados del golfo de Guinea y a que les presten asistencia para que desarrollen sus capacidades nacionales y regionales a fin de mejorar la gobernanza marítima en las aguas bajo su jurisdicción; prevenir los actos de piratería, los robos a mano armada contra los buques y otras actividades marítimas ilícitas, de conformidad con la legislación internacional, en particular la CONVEMAR.

También insta a los Gobiernos a ayudar a dichos Estados para crear capacidad que les permita impedir que se cometan delitos y enjuiciar a quienes los cometen. Dicha asistencia podría incluir el fortalecimiento de los marcos jurídicos, incluidas leyes contra la piratería y reglas para el cumplimiento; la formación de los entes nacionales encargados del cumplimiento de la legislación marítima; el fomento de la coordinación en el ámbito de la lucha contra la piratería y el cumplimiento de la legislación y en el de los procedimientos de cooperación entre Estados, regiones, organizaciones y el sector; y el intercambio de información.