A poco más de 24 horas que caduquen las concesiones de las terminales del puerto de Buenos Aires, reina la incertidumbre acerca de la forma como el gobierno de Argentina zanjará este proceso.

Actualmente, la zona denominada Puerto Nuevo se reparte entre tres grupos operadores: El principal es Terminales Río de la Plata (TRP), que opera las zonas 1, 2 y 3 y tiene como accionistas a DP World y al grupo local Román; le sigue en importancia el terminal 4 operado por APM Terminals y en tercer lugar sigue Hutchinson Ports a cargo de la Terminal 5.

Todos estos actores culminan este viernes 15 de mayo su periodo de concesión, que iniciaron en 1994 y que lograron extender en varias oportunidades, sin que todavía exista certeza sobre la determinación final que adoptará gobierno.

Ante este panorama, existen dos alternativas: Una es que el Estado arribe a un acuerdo con las concesionarias y se mantengan las actuales condiciones durante otros dos años. La segunda sería concluir las concesiones, otorgarle el poder de reparto de la carga a la AGP -es decir, al Estado nacional- y convertir a los grupos concesionarios en permisionarios de uso de cada una de las terminales que operan.

El primer caso tiene como dificultad la tirantez en la relación entre TRP y APM Terminals, que data desde 2018 y se que origina a partir de la absorción de Hamburg Süd por parte de Maersk que busca unificar sus cargas locales en el Terminal 4 que opera APM terminals, lo que genera una alta presión a TRP, ya que la carga que recibe de Maersk y Hamburg Süd representa el 78% del total de sus operaciones.

La presión TRP y los gremios portuarios llegó hasta el Ministerio de Trabajo donde se solicitó la apertura de procedimiento preventivo de crisis bajo amenaza de despedir a la mitad de sus casi 1.000 trabajadores pagando el 50% de las indemnizaciones. También acusó a Maersk ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) por posición dominante derivada de la fusión con Hamburg Süd.

El segundo caso consistiría en una especie de "Ley de Góndolas portuaria" donde el propio Estado repartiría las cargas entre las tres terminales que, a su vez dejarían de ser concesionarias para convertirse en permisionarias de uso de los terrenos y muelles que actualmente operan. Esta opción se concretaría si para el 15 de mayo no acuerda la prórroga de las concesiones. Si eso no ocurre, la AGP, como autoridad portuaria se hará cargo de diferir las cargas y el giro de los buques.

Cabe señalar que el apuro en la actual situación nace tras haber sido desechada la idea del Gobierno de Mauricio de Macri que apuntaba a entregar las actividades de la terminal marítima porteña a un solo operador internacional. El Actual Gobierno en tanto busca la distribución del puerto entre dos operadores como máximo, teniendo en cuenta la nueva realidad económica mundial y la baja de casi el 30% en los volúmenes que maneja el puerto, fenómeno acentuado por la crisis del Covid-19.