La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá, acogió el amparo de garantías constitucionales presentado por la ONG Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, contra el estudio de impacto ambiental (EIA) de la Terminal Portuaria Panama Colon Container Port en Isla Margarita, según informó La Prensa.

El amparo suspende temporalmente los efectos del estudio ambiental, hasta que el pleno tome una decisión de fondo sobre el proyecto, que limita con el área protegida isla Galeta en la provincia de Colón.

La abogada de la ONG, Luisa Araúz, precisó que se debe detener cualquier trabajo que se esté dando en el lugar hasta que la CSJ emita un fallo definitivo.

Como el proyecto limita con el área protegida isla Galeta, generó la inquietud de varias organizaciones ambientales, entre ellas Incidencia Ambiental de Panamá que sostiene que afectará "gravemente" un arrecife de coral que está justo afuera del rompeolas, dentro del cual se dragará lodo del fondo marino en enormes cantidades.

"El estudio de impacto ambiental no menciona la existencia de un arrecife en donde científicos del Global Coral Reef Alliance y el personal del Laboratorio Marino de Punta Galeta encontraron catorce especies de coral vivas, entre ellas Acropora palmata, una especie en peligro crítico de extinción", precisa el amparo.

El estudio

Para el proyecto portuario, el Ministerio de Ambiente aprobó en 2016 un estudio categoría II, el cual establecía que la obra estaría sobre 39 hectáreas terrestres y 22 hectáreas marinas. El cual precisaba que se extraerían 365.600 metros cúbicos de fondo marino, a fin de obtener un canal de aproximación y atraque del puerto con las condiciones y características adecuadas para permitir la entrada, maniobra y atraque de buques Superpanamax.

El objetivo principal del proyecto es atender la demanda de los servicios marítimos y de buques Postpanamax que pasan por el Canal de Panamá, así como servir de puerto complementario para el atraque de aquellas naves Súperpanamax que no pasarán por la vía interoceánica.

Los representantes de la empresa Panama Colon Container Port Inc., presentaron en 2017 una modificación al estudio ambiental, la cual fue aprobada en noviembre de ese mismo año.

Uno de los aspectos que llamó la atención de los ecologistas es que, con la modificación, el dragado de fondo marino pasó de 365.600 metros cúbicos a 5.850.000 metros cúbicos, aunque la empresa, según La Prensa de Panamá se refirió a este drástico cambio como un "error de redacción respecto al volumen de rellenos" contemplados en el estudio original de 2016.

Acertada decisión

Para el científico del Instituto Smithsoniam de Investigaciones Tropicales y director del Laboratorio Marino de Punta Galeta, Stanley Heckadon, fue acertada la decisión de admitir el amparo contra este puerto.

Tanto Heckadon como biólogos de la Universidad de Panamá en Colón, han determinado que en el distrito de Colón solo queda un 10% del total de los manglares, debido a la construcción de puertos y otros proyectos a la orilla del mar.

De acuerdo con el científico, en el área del proyecto ya hay palas mecánicas extrayendo materiales del fondo del mar, "provocará que la arena que está en la costa se escurra hacia el mar y se perderá, a futuro, parte de la playa", concluyó Heckadon .

La reserva costera de isla Galeta fue creada a través de la Ley 21 de julio de 1997, que establece el uso de suelo en la región interoceánica, y fue transferida a la desaparecida Autoridad Nacional del Ambiente el 25 de agosto de 1999, y adoptada bajo la Ley 41 del 1 julio de 1998. Datos del Ministerio de Ambiente dan cuenta de que tiene una superficie aproximada de 688 hectáreas de bosques mixtos, manglares y una plataforma coralina única.

Moderna plataforma

El Ministerio de Ambiente planteó que esperarán a que el proceso siga su curso en la Corte.

Mientras, la empresa señaló que la terminal portuaria es un proyecto que actualmente está invirtiendo más de US$1.100 millones y cuyos desarrolladores escogieron Panamá como el primer país de Latinoamérica para desplegar su inversión, dadas las condiciones de seguridad jurídica y las políticas de desarrollo logístico que presenta el país.

Además, sostuvo que el proyecto ha cumplido, cumple y seguirá cumpliendo con el marco jurídico y legal panameño y añadió que su estudio de impacto ambiental categoría II y su respectiva ampliación, han sido aprobados por la autoridad competente, el Ministerio de Ambiente de acuerdo con las exigencias.