A raíz de las repercusiones que ha generado la decisión que tomó la Corte Suprema de anular el permiso de construcción del proyecto Mall Barón, la Empresa Portuaria Valparaíso (EPV) considera tomar acciones judiciales, ya que la decisión causaría un daño irreversible para la comunidad en el uso del borde costero, según informó el Mercurio.

"Estamos evaluando las acciones judiciales, legales y administrativas a tomar luego de esta decisión de la justicia", indica el cuarto de un total de ocho puntos de una declaración emitida anoche por el directorio de EPV.

La firma estatal acotó que "el fallo de la Corte Suprema, fundado en las acciones llevadas a cabo en esta materia por la I. Municipalidad de Valparaíso, genera un daño irreversible a nuestra ciudad-puerto, al negar a la ciudadanía la posibilidad concreta de acceder al borde costero. En efecto, dicha sentencia cierra esta oportunidad y afecta con esto el Plan de Desarrollo de EPV, que involucra un total de siete mil empleos y una inversión estimada de US$ 1.800 millones".

EPV añade que confiaron en "la seriedad" del municipio que derivó en el otorgamiento del permiso de construcción, "sin embargo, la misma institución -con una administración distinta- no solo ha cambiado radicalmente de criterio respecto al mismo proyecto que hace cuatro años había aprobado, sino además hoy celebra que se haya declarado ilegal un permiso otorgado por ella misma".

Se afirma además, que el fallo deja como único uso posible el almacenamiento o transferencia de carga en ese sector, hecho que además "pone en jaque" el futuro de la industria de cruceros, al dejar sin efecto el permiso de obras que permitió la construcción de Valparaíso Terminal de Pasajeros (VTP), ligado al grupo Urenda.

Grupo Urenda

Por lo anterior, VTP y sus accionistas decidieron presentar un recurso ante la Corte Suprema -el que se haría efectivo hoy-, ya que hace algún tiempo el máximo tribunal rechazó que la firma se hiciera parte de los recursos de casación en este caso, aduciendo que no tenía ninguna participación, aunque "ahora el fallo sí nos afecta y se nos dejó en la indefensión", comenta una fuente cercana al terminal de pasajeros.

En la construcción de VTP, que atiende trámites de los turistas de cruceros al desembarcar, el grupo Urenda invirtió unos US$8 millones.