Empresas del sector flu­vial destinaron US$6,5 millones para el pago a prácticos o profesiona­les argentinos desde 2013. El represen­tante de Compañía Marítima Paraguaya SA, Robert Bosch, señaló que a lo largo de estos años pagaron aproximada­mente US$ 4 millones, consignó La Nación.

“Tenemos una medida caute­lar de parte de las autorida­des argentinas para nuestras embarcaciones y evitar que prácticos de ese país suban a nuestras naves, pero curio­samente en uno de nuestros barcos nos niegan de vuelta”, manifestó el empresario.

Por su parte, el gerente general de Naviship Para­guay, Fernando González, afirmó que la empresa abonó US$ 2,5 millones en el mismo concepto que el primer caso. Explicó que esa cantidad de dinero afecta a la empresa ya que no tiene un retorno.

 “También contamos con una medida cautelar, pero en la Argentina nos buscan la vuelta y dicen que nuestros prácticos no están aptos para navegar en aguas argentinas. Es todo un problema”, expresó González.

En 1967 Paraguay y Argentina firmaron el Tra­tado Internacional de Libre Navegación y en ese marco, años después, se firmó el Tra­tado de Hidrovía. Los afec­tados explicaron que desde Argentina imponen reglamentos que son de uso interno y las aplican a buques con bandera paraguaya, como en el caso de los costo­sos prácticos argentinos.